Muchos conflictos alrededor de un protocolo no nacen de un ataque, sino de una discrepancia entre lo que se prometió y lo que el código hace. Un reparto de comisiones que no se ejecuta como se pactó, una liquidación disparada por un precio que el oráculo tomó mal, unos royalties que dejan de pagarse o un NFT cuya imagen cambia. Todo eso es verificable en el código y en el estado de la cadena.
Decirlo por adelantado evita expectativas equivocadas y es parte del deber de objetividad del perito (art. 335.2 LEC).
Un contrato inteligente no puede consultar por sí mismo el precio de nada: necesita que alguien se lo introduzca, y ese componente es el oráculo. Si el protocolo utiliza el precio instantáneo de un mercado con poca liquidez, basta una operación de gran tamaño para desplazarlo durante unos segundos, y en ese intervalo las posiciones sanas pueden quedar por debajo del umbral y liquidarse. Un oráculo diseñado con medias ponderadas por tiempo o con varias fuentes independientes resiste mucho mejor. Pericialmente puede reconstruirse qué precio recibió el contrato, de dónde procedía y si era coherente con el mercado en ese bloque.
Casi siempre el archivo nunca estuvo en la cadena. Lo habitual es que el token guarde solo un enlace a los metadatos, y ese enlace puede apuntar a tres sitios muy distintos. Si apunta a un servidor propio del proyecto, quien lo controla puede cambiar el contenido o dejar de pagarlo y todo desaparece. Si apunta a IPFS, la dirección deriva del propio contenido y no puede alterarse sin que se note, pero alguien tiene que seguir alojando el archivo. Y si está codificado en la propia cadena, es permanente. El peritaje acredita cuál de los tres casos es el suyo y quién tenía capacidad de modificarlo.
Puede valorarse, siempre que la metodología se exponga con honestidad. Para activos con mercados profundos basta con la cotización a una fecha determinada, dejando constancia de las fuentes. El problema aparece con tokens de escasa negociación, posiciones en protocolos con periodos de bloqueo o NFT: ahí el último precio de venta puede ser irrelevante, porque no existe contrapartida para ese volumen. En esos casos el dictamen ofrece rangos, explica los supuestos de cada escenario y expone las limitaciones. Un informe que da una cifra única y cerrada para una cartera ilíquida no es más riguroso: es menos honesto.
Pueden documentarse indicios objetivos y bastante sólidos. Se analizan las direcciones intervinientes y su financiación común, la repetición de ventas entre un conjunto cerrado de monederos, la coincidencia temporal de las operaciones, los importes que apenas exceden el coste de la propia transacción y la ausencia de compradores ajenos al grupo. Cuando ese patrón es consistente, el dictamen lo expone con los datos que lo sustentan y valora en qué medida el volumen publicado reflejaba negociación real. Ahora bien, un patrón no equivale a una certeza, y el informe distingue siempre entre lo acreditado y lo indiciario.
Consulta inicial confidencial y sin compromiso. Le diremos con franqueza si hay prueba que obtener y cómo.
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